Pilar Marrero
Jueves, 13 de septiembre de 2007 

Presentan una demanda por detención ilegal en redadas
 
Argumentan que miles de ciudadanos y residentes fueron detenidos en violación de sus derechos constitucionales
  
Cuando las autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron a la planta empacadora de carne de la empresa Swift en Cactus, Texas, el pasado 12 de diciembre, la línea de producción se detuvo y los trabajadores recibieron la orden de salir hacia otra sala y ponerse en fila sin chistar.

"Era raro, pero pensábamos que era la quebrada (break)", cuenta Sonia Mendoza, una cortadora de carne con 12 años en la empresa. "Y que vamos saliendo y vemos esta gente de negro con pistolas. Nos asustamos mucho. Tenían unos chalecos que decían ICE, que quién sabe qué sería, y al ratito nos dijeron que de inmigración. Estábamos en línea, como vacas".

Sonia es ciudadana estadounidense, nacida en Ullysses, Kansas. Pero eso no fue un impedimento para que, según dice, fuera sometida a un cateo por un agente del sexo masculino, que alegó que no había mujeres para revisarla y luego detenida unas cinco horas mientras revisaban su estatus legal.

"Luego me dejaron ir, pero como tenía que ir al médico pedí permiso para salir del trabajo, y los agentes me siguieron hasta el carro y me seguían preguntando que adónde iba. ¿Para qué me siguen preguntando si ya sabían que soy ciudadana?", pregunta Sonia en una entrevista telefónica.

Sonia es una de las personas nombradas en una demanda colectiva presentada en un tribunal federal en Texas, que acusa de anticonstitucional e ilegal el método de detención aparentemente utilizado por las autoridades del ICE en redadas masivas a centros de trabajo: detención primero, averiguación después.

La demanda es en nombre de miles de trabajadores con documentos legales, ciudadanos o residentes permanentes, que supuestamente fueron detenidos durante horas, sin recibir información sobre sus derechos, o impedidos de comunicarse con familiares, amigos o abogados, mientras el ICE conducía sus investigaciones sobre el estatus legal de todos los empleados.

La acción legal se desprende de las masivas redadas del pasado mes de diciembre en seis plantas procesadoras de carne de la empresa Swift, pero busca afectar "la forma en que ICE y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) llevan a cabo su trabajo en todo el país", dijo el abogado constitucionalista Peter Schey.

Los abogados pedirán a la corte una orden inmediata contra la realización de redadas "excesivas, ilegales e innecesarias".

La acusación menciona a ocho trabajadores de plantas de Swift en representación de personas como ellos en todo el país.

Otro de los demandantes es el sindicato del Sindicato de Trabajadores de Alimentación y Comercio (UFCW), agrupación que representa a muchos de los trabajadores de Swift. "Es inconcebible que nuestro gobierno detenga a cientos, quizá miles de trabajadores inocentes, para lograr atrapar a unos cuantos individuos", dijo Joe Hansen, presidente de UFCW.

Portavoces de ICE informaron que la agencia "típicamente no comenta sobre demandas pendientes".

"Aún no hemos visto la demanda. Sin embargo, el operativo del pasado diciembre en las seis plantas de Swift se llevó a cabo en total acuerdo con las prácticas y políticas de ICE. Cada persona fue tratada con respeto y tuvo el proceso adecuado a la ley", indicó Virginia Kice, portavoz de ICE para la región oeste del país.

El abogado Schey, quien tiene muchos años emprendiendo demandas contra las autoridades de inmigración sobre bases constitucionales, indicó que la acción legal pretende representar "a todos los trabajadores ilegalmente detenidos durante redadas".

"Agentes del DHS entran a los centros de trabajo a lo largo y ancho del país y automáticamente detienen a todos los trabajadores presentes, para luego interrogarlos, sin órdenes de detención y sin razón para creer que todos los trabajadores presentes han violentado ley alguna", dijo Schey.

Hace algunas semanas, La Opinión publicó la denuncia del UFCW y de varios trabajadores que estuvieron presentes en alguna de las redadas y que se quejaron de haber sido detenidos sin explicación, maltratados verbal o físicamente. Todos ellos son ciudadanos y residentes permanentes.

La demanda alega que es la práctica común de DHS y ICE el hacer detenciones masivas de trabajadores durante redadas a centros de trabajo, y que esta práctica viola la propia Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, así como la Cuarta y la Quinta enmiendas de la Constitución estadounidente.

Agregan los abogados que las autoridades llevan a cabo estas prácticas sin una orden judicial, sin mediar preocupación por el efecto en la vida de estas personas y sus familiares e hijos menores, y que tampoco permiten acceso fácil a abogados y representantes como los disponibles para estos trabajadores por medio de su sindicato.

"Los trabajadores no tuvieron acceso a teléfonos, baños o abogados. Ciudadanos y residentes legales no tuvieron la oportunidad de buscar sus documentos para establecer su estatus legal. Algunos trabajadores fueron esposados, otros fueron trasladados en autobús. No fue posible avisar a familias, escuelas y centros de cuidado de sus familias e hijos menores", de acuerdo con un comunicado del UFCW.

Las redadas a seis plantas de Swift en Texas, Colorado, Nebraska, Iowa, Utah y Minnesota arrojaron 1,139 arrestos por violaciones administrativas de inmigración (estatus migratorio ilegal), 150 por delitos relacionados al estatus migratorio y 65 por robo de identidad.

La demanda sostiene que el secretario del DHS, Michael Chertoff, anunció las redadas masivas declarando que la investigación de su agencia "descubrió evidencia sustancial de robo de identidad".

"Sin embargo", agrega la demanda, "a pesar de este supuesto conocimiento de personas que habían violado la ley, los demandados detuvieron a los trabajadores sin sin órdenes judiciales, en vez de enfocarse en los trabajadores investigados por actividades ilegales".