La demanda de la UFCW desafía las redadas migratorias punitivas y denuncia la violación de los derechos constitucionales de la cuarta enmienda
Washington, D.C:–La Unión de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW por sus siglas en inglés), buscaron hoy la intervención judicial para proteger los derechos constitucionales de la cuarta enmienda de todos los trabajadores y prohibir la detención de trabajadores, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales en sus lugares de trabajo por parte del gobierno.
La demanda—presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito de Texas—identifica al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS por sus siglas en inglés) y la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) como los acusados. La demanda exige un requerimiento judicial inmediato contra las redadas excesivas, ilegales e innecesarias en los lugares de trabajo llevadas acabo por los agentes de ICE.
“El propósito de esta demanda es asegurar que los trabajadores sean protegidos y que sus derechos constitucionales sean respetados,” dijo Joe Hansen, el Presidente Internacional de la UFCW en una conferencia de prensa anunciando la demanda. “Es inconcebible que nuestro gobierno acorrale cientos, a veces miles, de trabajadores inocentes en un esfuerzo por aprehender sólo unos pocos individuos.”
Más de 12,000 trabajadores empacadores de carne—incluyendo ciudadanos, residentes legales e inmigrantes en el proceso de legalización—fueron recogidos por las redadas de ICE el 12 de diciembre de 2006 en seis plantas empacadores de carne por todo el país. La UFCW representa trabajadores en cinco de las plantas, incluyendo Worthington, Minn.; Greeley, Colo.; Cactus, Tex.; Marshalltown, Iowa; y Grand Island, Neb. A pesar de la demostración de fuerza sin precedentes, injustificada y excesiva, sólo 65 trabajadores fueron acusados del robo de identidad.
La querella legal sostiene que durante las redadas de 12 de diciembre, a los trabajadores se les negó el acceso a teléfonos, abogados y hasta el uso de los baños. Ciudadanos y residentes fueron privados de la oportunidad de salir a traer los documentos que confirmaban su estatus legal. Algunos trabajadores fueron esposados. Otros fueron transportados en autobuses a otros lugares. Las familias, escuelas, y guarderías infantiles no pudieron ser contactadas para hacer planes para el cuidado de los niños de los trabajadores detenidos. Familias fueron divididas—sin saber dónde o cuándo tendrían la oportunidad de ver sus familiares desaparecidos.
“Cuando traté de ir a la cafetería durante la redada, los agentes de ICE me acusaron de haber intentado a escapar. Me esposaron. Soy un ciudadano de Estados Unidos, nacido en Iowa. Mis padres viven en Mississippi. Mi gobierno me trató como un criminal y no hice nada malo. Sabía que estaban violando nuestros derechos. Lo que están haciendo en estas redadas es ilegal,” dijo Mike Graves, quien ha vivido en Estados Unidos toda su vida y trabaja en la planta de Swift and Company en Marshalltown, Iowa, y es un miembro de la UFCW Local 1149.
Peter Schey, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, basado en Los Angeles, y abogado principal de la demanda de la UFCW declaró que “el DHS viola la constitución y la ley federal de manera rutinaria al realizar detenciones masivas de trabajadores sin bases para pensar que han violado alguna ley cuando lleva acabo redadas en el trabajo para detectar trabajadores indocumentados. Este tipo de detenciones masivas han sido consideradas ilegales por las cortes de los EEUU desde hace mucho. Aun cuando el DHS tiene la función legitima de hacer cumplir las leyes de la nación, no puede hacerlo por hacerlo sin respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y residentes legales. Si el Secretario Chertoff no quiere o no puede detener la conducta anticonstitucional de sus agentes, entonces estamos seguros que los tribunales federales lo harán.”
La demanda también incluye una queja que los abogados y representantes de la unión no fueron otorgados el pronto acceso a los miembros de la UFCW durante y inmediatamente después de las redadas. En muchos casos, los abogados de la unión fueron negados el acceso a los miembros de la UFCW, una violación rotunda del derecho que los trabajadores tienen al consejo legal.
“Trabajar no es un crimen. Los trabajadores no son criminales. Nuestros derechos constitucionales no se dejan en la puerta de la planta,” dijo el presidente Hansen. “Infligir este tipo de aplicación de la ley a trabajadores inocentes –arrestar y detener ilegalmente una cantidad masiva de personas contra su voluntad y tratarlas como criminales—eso no sólo es inaceptable, sino también no corresponde con los valores nacionales.”
La UFCW espera que miembros de la unión y los grupos religiosos, de derechos civiles y de derechos migratorios presenten un escrito de amicus curiae como parte de la demanda de la UFCW.
Además de la acción legal colectiva anunciada hoy, la UFCW continuará a llevar a cabo audiencias por todo el país para investigar y denunciar las acciones punitivas contra las familias trabajadoras. La UFCW también presionará el congreso a llevar a cabo una audiencia sobre este tema y a reformar las leyes migratorias