Justicia para Smithfield
Para su difusión inmediata: 30 de septiembre del 2004
LA FUERZA POLICIACA DE SMITHFIELD CRUZA LA LINEA… DE NUEVO.
Retira el Fiscal del Condado de Bladen los cargos falsos que Smithfield levantó contra simpatizantes de la Unión.
(Tar Heel, NC) - Solo una planta de manufactura de Carolina del Norte emplea su propia policía privada: Smithfield Packing. Los trabajadores de la planta localizada en Tar Heel han sido sujetos de hostigamiento y maltrato en manos de la policía desde que los trabajadores comenzaron a organizarse para tener voz en el trabajo en 1994. Desde entonces, la compañía ha establecido un ambiente de estado policíaco para instalar el miedo y la intimidación en las almas y corazones de los trabajadores de Smithfield, en especial a aquellos que buscan la oportunidad de participar en el proceso democrático para tener una voz en el trabajo.
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El martes, el Fiscal del Condado de Bladen retiró los cargos contra dos trabajadores que habían sido erróneamente acusados de intentar prender fuego a la planta. Lorena Ramos y su esposo, Jorge Vela, habían trabajado en Smithfield por casi cinco años cuando fueron sacados de la línea de producción por la policía de la compañía Smithfield y retenidos la tarde del 12 de enero del 2004. Lorena y Jorge son fuertes simpatizantes de obtener voz en el trabajo para los 6,000 trabajadores con la Unión de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW por sus siglas en inglés).
La pareja fue esposada y llevada a la cárcel particular de Smithfield donde pasaron tres horas antes de poder hablar con un intérprete y otras tres horas antes de ser acusados formalmente. Eventualmente fueron trasladados a la cárcel del Condado de Bladen.
Por más de siete horas, Lorena y Jorge fueron mantenidos en la cárcel particular de la compañía sin acceso a un abogado, sin permitirles hacer una llamada telefónica y con amenazas repetidas de presentar cargos criminales en su contra si no aceptaban firmar una forma de suspensión. Lorena recibió un carpetazo en la cara por rehusarse a aceptar las órdenes del Sheriff de que firmara una declaración espuria.
Después de diez horas, Lorena y Jorge pudieron pagar una fianza ultrajante de $15,000 dólares y finalmente pudieron reunirse con sus hijos Jorge Antonio de diez años y Cristian de cuatro. Los niños eran cuidados por una nana que tenia que irse y Smithfield no permitía a Lorena hacer una llamada para hacer arreglos para el cuidado de sus hijos.
En le curso de la investigación de nueve meses contra la pareja, el Fiscal del Condado de Bladen trato de convencer a Lorena y Jorge de firmar acuerdos de culpabilidad cada vez en términos mas generosos, pero que reflejaban un caso que se desmoronaba. “Primero voy a la cárcel antes que aceptar la culpa por algo que no hice,” declaró Lorena.
De acuerdo con Lance Compa, profesor de derecho de la Universidad de Cornell quien se especializa en derechos laborales dentro del marco de la legislación internacional en derechos humanos, “la administración de Smithfield parece estar usando su propia fuerza policíaca privada para violar la libertad de asociación de los trabajadores en su planta de Tar Heel.” El profesor Compa esta elaborando un reporte sobre los derechos de los trabajadores en la industria empacadora de carnes de los Estados Unidos el cual se publicará en diciembre. Compa agrega que “el uso de la policía para intimidar a los trabajadores que intentan ejercer sus derechos básicos de asociación es algo que había visto en las dictaduras de Centro y Sur América. Es espantoso encontrar que sucede aquí mismo en Estado Unidos.”
El primero de noviembre del 2004, Smithfield y su contratista de limpieza, QSI, enfrentaran una audiencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés) para responder por las acciones de su policía privada. La policía privada de Smithfield junto con el Sheriff del Condado de Bladen, bloquearon las puertas y atacaron a los trabajadores, arrestaron falsamente a trabajadores y los amenazaron con el uso de violencia física. Danny Priest, el jefe de seguridad de muchos años de Smithfield y Agente del Departamento de Policía del Condado de Bladen es también uno de los acusados en este caso. El señor Priest ha sido sancionado por un jurado y un juez del NLRB por violar de manera ilegal los derechos de los trabajadores e incitar a la violencia contra ellos durante la elección sindical de 1997. Un reporte de Human Rights Watch, prominente monitor internacional de derechos humanos, citó el ataque policiaco de 1997 a simpatizantes de la unión como una violación grave de los derechos humanos de los trabajadores.
Smithfield es la única planta empacadora en el país que cuenta con una fuerza policíaca completa con oficiales armados, cárcel privada en la planta y el derecho en la ley del estado a hacer arrestos y levantar cargos por infracciones. Los oficiales de policía de la compañía tienen derecho a portar armas escondidas.
Bill McDonough, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Organización de UFCW, declaró que “la fuerza policíaca de Smithfield ha cruzado la línea una vez mas y violado los derechos de los trabajadores. Nosotros reiteramos nuestra demanda de que policía privada de Smithfield sea desintegrada inmediatamente.”
McDonough añadió que “Smithfield debe permitir que los trabajadores tomen decisiones acerca de su futuro sin amenazas de intimidación o violencia. La ley federal protege el derecho de los trabajadores a organizarse libres de opresión, y esa es la acción responsable y moral a tomar.”
UFCW copatrocina un centro de trabajadores en Red Springs, Carolina del Norte, que ayuda a los trabajadores de la planta de Tar Heel y areas vecinas con asuntos de salud y seguridad en el trabajo, inmigración, ingles como segundo idioma, compensación por accidentes del trabajo y referencias a servicios sociales.
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La UFCW representa a 1.4 millones de trabajadores, 250,000 de ellos en empacadoras de carne y procesadoras avícolas. Los miembros de UFCW trabajan también en las industrias de salud, confección, química, destiladoras y ventas de menudeo.
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