September, 2007

FARM BILL PROVISION WILL PUT CONSUMERS AND FOOD WORKERS AT RISK

Provision will compromise food safety by allowing states to forgo federal meat and poultry inspections

Washington, D.C. – The United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) joined forces with the American Federation of Government Employees today to oppose a provision in the House Farm Bill that will put consumers at risk of food borne illnesses and further subject food workers to unsanitary work conditions.

The provision will eliminate a 40-year-old protection in the federal meat and poultry inspection acts that bans state inspected meat and poultry from being sold in interstate commerce.  The provision will also allow the vast majority of meat and poultry plants to forgo federal inspection in favor of more lax state inspections, which ultimately puts the health and safety of millions of consumers at risk.

“This amendment will weaken America’s food safety net, pure and simple,” said Michael J. Wilson, UFCW International Vice President and Director of Legislative and Political Action.  “Anyone who pretends that state inspection is the same as federal inspection also believes in the Tooth Fairy.  In addition, it will encourage thousands of facilities who are currently federally inspected to opt for a more ‘friendly’ state inspection.  Like a tainted piece of meat, this provision deserves the stamp of rejection.”

For more than 100 years, the UFCW has been fighting to improve the working conditions of food workers and the safety of our food, and currently represents more than a quarter of a million workers in the meatpacking and poultry industries.  In addition to protecting the rights of food workers, the UFCW is also a founding member of the Safe Food Coalition which consists of consumer groups, groups representing victims of food borne illnesses, and watchdog groups that are dedicated to reducing the incidence of food borne illnesses in the United States.

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Trabajadores interponen demanda para detener encarcelamiento y detenciones masivas por agentes federales

La demanda de la UFCW desafía las redadas migratorias punitivas y denuncia la violación de los derechos constitucionales de la cuarta enmienda

Washington, D.C:–La Unión de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW por sus siglas en inglés), buscaron hoy la intervención judicial para proteger los derechos constitucionales de la cuarta enmienda de todos los trabajadores y prohibir la detención de trabajadores, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales en sus lugares de trabajo por parte del gobierno.

La demanda—presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito de Texas—identifica al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS por sus siglas en inglés) y la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) como los acusados.  La demanda exige un  requerimiento judicial inmediato contra las redadas excesivas, ilegales e innecesarias en los lugares de trabajo llevadas acabo por los agentes de ICE.

“El propósito de esta demanda es asegurar que los trabajadores sean protegidos y que sus derechos constitucionales sean respetados,” dijo Joe Hansen, el Presidente Internacional de la UFCW en una conferencia de prensa anunciando la demanda.  “Es inconcebible que nuestro gobierno acorrale  cientos, a veces miles, de trabajadores inocentes en un esfuerzo por aprehender sólo unos pocos individuos.”

Más de 12,000 trabajadores empacadores de carne—incluyendo ciudadanos, residentes legales e inmigrantes en el proceso de legalización—fueron recogidos por las redadas de ICE el 12 de diciembre de 2006 en seis plantas empacadores de carne por todo el país.  La UFCW representa trabajadores en cinco de las plantas, incluyendo Worthington, Minn.; Greeley, Colo.; Cactus, Tex.; Marshalltown, Iowa; y Grand Island, Neb.  A pesar de la demostración de fuerza sin precedentes, injustificada y excesiva, sólo 65 trabajadores fueron acusados del robo de identidad.

La querella legal sostiene que durante las redadas de 12 de diciembre, a los trabajadores se les negó el acceso a teléfonos, abogados y hasta el uso de los baños.  Ciudadanos y residentes fueron privados de la oportunidad de salir a traer los documentos que confirmaban su estatus legal.  Algunos trabajadores fueron esposados.  Otros fueron transportados en autobuses a otros lugares.  Las familias, escuelas, y guarderías infantiles no pudieron ser contactadas para hacer planes para el cuidado de los niños de los trabajadores detenidos.  Familias fueron divididas—sin saber dónde o cuándo tendrían la oportunidad de ver sus familiares desaparecidos.

“Cuando traté de ir a la cafetería durante la redada, los agentes de ICE me acusaron de haber intentado a escapar. Me esposaron.  Soy un ciudadano de Estados Unidos, nacido en Iowa.  Mis padres viven en Mississippi.  Mi gobierno me trató como un criminal y no hice nada malo.  Sabía que estaban violando nuestros derechos.  Lo que están haciendo en estas redadas es ilegal,” dijo Mike Graves, quien ha vivido en Estados Unidos toda su vida y trabaja en la planta de Swift and Company en Marshalltown, Iowa, y es un miembro de la UFCW Local 1149.

Peter Schey, Presidente del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, basado en Los Angeles, y abogado principal de la demanda de la UFCW declaró que “el DHS viola la constitución y la ley federal de manera rutinaria al realizar detenciones masivas de trabajadores sin bases para pensar que han violado alguna ley cuando lleva acabo redadas en el trabajo para detectar trabajadores indocumentados. Este tipo de detenciones masivas han sido consideradas ilegales por las cortes de los EEUU desde hace mucho. Aun cuando el DHS tiene la función legitima de hacer cumplir las leyes de la nación, no puede hacerlo por hacerlo sin respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y residentes legales. Si el Secretario Chertoff no quiere o no puede detener la conducta anticonstitucional de sus agentes, entonces estamos seguros que los tribunales federales lo harán.”

La demanda también incluye una queja que los abogados y representantes de la unión no fueron otorgados el pronto acceso a los miembros de la UFCW durante y inmediatamente después de las redadas.  En muchos casos, los abogados de la unión fueron negados el acceso a los miembros de la UFCW, una violación rotunda del derecho que los trabajadores tienen al consejo legal.

“Trabajar no es un crimen.  Los trabajadores no son criminales. Nuestros derechos constitucionales no se dejan en la puerta de la planta,” dijo el presidente Hansen.  “Infligir este tipo de aplicación de la ley a trabajadores inocentes –arrestar y detener ilegalmente una cantidad masiva de personas contra su voluntad y tratarlas como criminales—eso no sólo es inaceptable, sino también no corresponde con los valores nacionales.”

La UFCW espera que miembros de la unión y los grupos religiosos, de derechos civiles y de derechos migratorios presenten un escrito de amicus curiae como parte de la demanda de la UFCW.

Además de la acción legal colectiva anunciada hoy, la UFCW continuará a llevar a cabo audiencias por todo el país para investigar y denunciar las acciones punitivas contra las familias trabajadoras.  La UFCW también presionará el congreso a llevar a cabo una audiencia sobre este tema y a reformar las leyes migratorias

UFCW Reviving the American Dream for Meatpacking Workers

New Hormel Chain Agreement Raises the Bar for Meat Industry Contracts

(Washington, DC) – A new contract covering 4,000 Hormel workers in five locations secures big wage increases, health care improvements and greater pension security for meatpacking workers and their families. The contract sets a new standard for wages and benefits in the meat industry-one that will allow packing and processing workers to truly live the American Dream.

Five UFCW local unions took unified worksite actions over the past six months – actions that sent a strong message to Hormel that UFCW members are willing to fight and stick together for a contract that would secure wages and benefits that can support a family.

“We haven’t had a contract like this one since the late 1970s.  Wages, health care, and pensions are all increased,” said Mike Marty, a member of UFCW Local 22 in Fremont, Neb.   “We achieved it by working together, engaging our membership across the country and building good old fashioned union solidarity,” Marty said.

United Food and Commercial Workers (UFCW) members in five locations – Austin, Minn.; Algona, Iowa; Fremont, Neb.; Beloit, Wis.; and Atlanta, Ga. voted to ratify a new four-year contract that includes:

–considerable wage increases including  $1.40/hr base wage increase over four years for production workers and $1.80/hr base wage increase for maintenance workers. The increases bring the average wage for production workers to $15.75 an hour-the top of the industry.

–significant improvements in preventive health care, well baby and well child care, hospice care, home health care, vision care, mental health and substance abuse care, and cancer screening as well as big improvements in dental care. These improvements were achieved with no increase in deductible, and only a minimal increase in co-premiums.

–improved retirement security including increased “pension multipliers” which will mean a greater than 10 % increase in pension checks.

The Hormel contract is the latest of several major collective bargaining wins for UFCW members across the country.  Supermarket workers have engaged in unity bargaining and coordinated worksite actions over the past nine months – resulting in groundbreaking contracts with major national supermarket chains on both the East and West Coasts, Texas, and the Midwest.

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